La Comisión Europea ha preguntado a los representantes de los trabajadores y los empresarios cuáles creen que son las opciones para revisar las normas de la UE en materia de tiempo de trabajo. En la primera fase de la consulta se pregunta a los interlocutores sociales europeos si consideran que se debe actuar a nivel de la UE en relación con la Directiva sobre el tiempo de trabajo (2003/88/EC) y cuál debería ser el alcance de la acción.
Se trata del primer paso hacia una revisión global de la Directiva, que se produce después de que los intentos anteriores de reexaminar la legislación existente se quedaran en un punto muerto en abril de 2009.
En 2004, la Comisión presentó una propuesta para modificar la Directiva 2003/88/CE, después de realizar una amplia serie de consultas. La propuesta tenía como objetivo hacer frente a una serie de problemas que no habían resuelto la legislación vigente ni la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en concreto, clarificar la aplicación de la Directiva al tiempo de guardia en determinados sectores laborales; permitir una mayor flexibilidad a la hora de calcular el tiempo de trabajo semanal; y revisar la posibilidad de exclusión individual del límite de 48 horas. Sin embargo, en abril de 2009 representantes gubernamentales y el Parlame nto Europeo llegaron a la conclusión de que no podían alcanzar un acuerdo sobre la propuesta, a pesar de las largas negociaciones.
Entre tanto, se han añadido otros temas al debate, lo cual es un reflejo de los cambios fundamentales que se han producido en el mundo laboral en los últimos veinte años.
En consecuencia, la Comisión prevé realizar una revisión global de las normas existentes en materia de tiempo de trabajo, empezando con una evaluación completa de las disposiciones actuales y de las cuestiones que plantea su aplicación, antes de examinar las diferentes opciones para abordar estas cuestiones. Esta revisión se hará en el contexto de una serie de objetivos políticos, entre los que se encuentra la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, la mejora del equilibrio entre la vida laboral y la privada, y la concesión de flexibilidad a las empresas y los trabajadores, sin que ello represente añadir unas cargas administrativas innecesarias para las empresas, especialmente las PYME.
La primera fase de la consulta de los interlocutores sociales es un importante primer paso para realizar esta revisión global de la Directiva sobre el tiempo de trabajo. Los interlocutores sociales disponen de seis semanas para comunicar sus puntos de vista a la Comisión. Paralelamente a estas consultas, la Comisión realizará una amplia evaluación del impacto, lo que incluirá examinar la aplicación jurídica de la Directiva en los Estados miembros, así como un estudio de los aspectos sociales y económicos que son pertinentes para realizar una revisión exhaustiva de la Directiva.
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