La iniciativa legislativa en manos de los ciudadanos está cada vez más cerca de ser una realidad en la Unión Europea, tras la introducción de la iniciativa ciudadana por el Tratado de Lisboa.
El primer instrumento de democracia participativa de la Unión Europea permitirá que los ciudadanos reclamen a la Comisión legislación sobre una materia concreta, siempre y cuando la iniciativa cuente con el apoyo de al menos un millón de firmas procedentes de varios Estados miembros.
Se prevé que los firmantes de una iniciativa ciudadana deben proceder de un número significativo de Estados miembros, pero no fija cuántos países deben estar representados por los firmantes.
En una resolución aprobada en mayo de 2009, el Parlamento Europeo sugirió que las firmas incluyan al menos a la cuarta parte de los Estados miembros (actualmente serían siete países). Sin embargo, en el Libro Verde con el que la Comisión abrió una consulta sobre la iniciativa ciudadana, esta institución se muestra partidaria de que al menos la tercera parte de los países estén incluidos en la iniciativa, lo que supondría en la práctica que debería haber firmantes de al menos nueve países.
Se prevé que las iniciativas ciudadanas sean operativas a principios de 2011 y que el 31 de marzo la Comisión lance una propuesta de regulación, sobre la que deberían pronunciarse la Eurocámara y el Consejo antes de que termine el año.
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